Viernes 10 de septiembre de 2010
Los periodistas Sergio López e Ignacio Villanueva fueron denunciados y se encuentran imputados en una causa judicial, por haber revelado en Paso de los Libres los nombres de personas involucradas en delitos de lesa humanidad.
La Asociación de Periodistas de Corrientes y la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa suman su respaldo a los compañeros, a la vez que expresan todo su repudio ante el avasallamiento al derecho de informar y la pretensión de criminalizar el ejercicio de la libertad de prensa.
Se los acusa de “comprometer la paz y dignidad de la Nación”, delito tipificado en el Capítulo II del Código Penal, a partir de la denuncia radicada por el Teniente Coronel Mosteirín, hasta hace poco Jefe del Destacamento de Inteligencia 123 con asiento en la localidad de Paso de los Libres – Corrientes.
Los datos que tomaron estado público a través de los medios de comunicación se relacionan con la declaración del testigo José Méndez Ribeiro en la causa denominada "La Polaca", quien relató lo ocurrido en el "Local 13", una dependencia del Servicio de Inteligencia del Ejército. El testigo afirmó que cuando cumplía con el servicio militar obligatorio en esa dependencia pudo ver cómo un grupo de personas torturaban a un detenido en el lugar.
El denunciante cuestiona la publicación de lo nombres de un grupo de personas que pertenecen (o pertenecían) al Grupo de Inteligencia, y que se encuentran investigados por la presunta participación en secuestros, torturas y desaparición de detenidos, aun cuando desde el inicio de la causa, en el Informe Waern están sindicados los "agentes" que actuaron.
Periodistas de la localidad intentaron dialogar con la jueza Federal Mabel Borda, quien a pesar de haberles dado cita, no los recibió. Esperaban explicaciones sobre la apertura de una causa contra trabajadores que informaron sobre un proceso público, que no tiene secreto de sumario, y donde se investigan delitos de lesa humanidad.
Otra señal preocupante es el estancamiento de la causa puesto que, tras la declaración del testigo, no fueron citados los acusados, pero sí se inició una acción penal contra los periodistas, que incluyó un allanamiento a Activa FM, emisora propiedad de Sergio López, en busca de una copia del testimonio.
La orden de allanamiento fue librada por el ex Juez Juan Angel Oliva quien, ante la negativa del periodista de entregar las grabaciones, desatendiendo el derecho de los periodistas a proteger sus fuentes de información, decidió enviar a la Gendarmería para proceder al secuestro del material.
La FATPREN condena el avasallamiento contra los compañeros trabajadores, y hace un fuerte llamado de atención al accionar judicial puesto que, a la fecha, quienes han debido requerir custodia policial en resguardo propio y de sus familias, son los testigos y querellantes, en tanto los periodistas encargados de difundir los hechos deberán sentarse ahora en el banquillo de los acusados.
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